Paloma Llaneza. Publicado en la Revista Telos número 100 – Febrero – mayo 2015
Olvidado el fenómeno inicial de frikis criptógrafos y el tiempo en que se usaba como refugio de dinero dudoso, el bitcoin ha pasado a ser aceptado como medio de pago por entidades como PayPal. ¿Estamos siendo testigos de una revolución, esa en la que las monedas fiduciarias centralizadas fuertemente inmateriales serán sustituidas por criptomonedas emitidas por la comunidad? ¿Veremos, por el contrario, cómo el sueño libertario de una sociedad que se autorregula sin intervención estatal acaba sepultado por la regulación bancaria y de blanqueo de capitales?
Gestión del bitcoin
Bitcoin denomina tanto la criptografía y la tecnología descentralizada que permite la emisión de créditos no duplicables frente a la comunidad con valor económico (bitcoins) y la validación de transacciones como la propia moneda y su ecosistema. Si uno permanece dentro del mismo, generando la propia moneda o realizando transacciones sin convertir los bitcoins en moneda fiduciaria, puede operar de manera completamente anónima.
Toda la operativa es pública, descargable y consta desde el inicio en la blockchain o cadena de bloques. Así, cualquier usuario puede acceder a todo el histórico de transacciones y rastrear los bitcoins desde el día de su generación hasta el momento presente. También cualquier usuario, con el software preciso de código abierto y una importante capacidad de computación y energía, puede convertirse en ‘extractor’ de la moneda, en minero. La validez y convertibilidad de esa unidad de crédito que llamamos bitcoin se basa, por tanto, en un acuerdo consensuado por la comunidad de aceptarlo a cambio de bienes, servicios o moneda fiduciaria. Se trataría de la adhesión a unas condiciones generales de contratación por las que se aceptan las reglas del sistema al adquirir o generar la moneda.
A diferencia del dinero fiduciario, ninguna autoridad central controla el suministro de bitcoins. La moneda, como hemos dicho, se crea por un código de fuente abierto que, al tiempo, constituye el código que dicta las normas que rigen el sistema. En lugar de un libro de contabilidad central para registrar las transferencias, el sistema distribuye el proceso de verificación y registro de transacciones a través de la totalidad de la red de usuarios. La naturaleza distribuida del sistema significa que no hay servidor maestro ni autoridad central. Esta arquitectura descentralizada es lo que permite evitar el control unilateral del sistema, lo que en términos prácticos hace que sea problemático para los gobiernos regularlo cuando se vive dentro del mismo.
Llegados a este punto, conviene decir que la tecno-utopía libertaria considera que Bitcoin, por todas las criptomonedas, es no solo una nueva forma de organización económica fuera del alcance del Estado, una caja negra ajena al escrutinio público -empezando por la opacidad fiscal-, sino también el germen de una sociedad transversal en una suerte de realidad paralela al Estado nación, donde la coacción ejercida por el Estado para hacer cumplir las leyes no sería requisito previo para el que sistema monetario funcionase. En un mundo así, la necesidad de un Estado sería irrelevante o se vería imposibilitado de ejercer la coacción que las leyes le atribuyen.
Mientras, y como ya ocurriera en la transición entre la web académica y la comercial, inversores de Sillicon Valley, como Chris Dixon, empiezan a hacer importantes inversiones en servicios relacionados con Bitcoin, como es el caso de Coinbase, un servicio que permite, de manera segura y sencilla, comprar, vender, enviar, recibir y almacenar bitcoins, cobrando una comisión del 1 por ciento por cambiar dólares por bitcoins. En el mundo real, no en la realidad distópica de un mundo sin servicios públicos pero con criptomonedas, crecen los negocios relacionados con Bitcoin que centralizan, en manos privadas, los principales roles del ecosistema: generación de moneda, validación de transacciones y cambio de ‘divisas’. Así, la red utópica descentralizada se centraliza para ser ofrecida al gran público, ese que carece de recursos y conocimientos para dedicarse a la minería casera de bitcoins.
Pérdida de perspectiva y peligros de la regulación
Buena parte del impulso tomado por Bitcoin viene de la porción libertaria de la comunidad tecnológica, que cree que la regulación se interpone en el camino del progreso y del beneficio. Sin embargo, la reciente y aún activa crisis económica es producto de una fuerte desregulación y tecnificación de las operaciones financieras, que ha desmantelado las economías occidentales y las de buena parte de sus ciudadanos, empobreciéndonos en dinero y en derechos. Y en este sentido, Silicon Valley, como catalizador del pensamiento tecno-apasionado y legal-fóbico, tiene una capacidad aparentemente infinita de confundir los problemas sociales y políticos con los tecnológicos. No creemos que Bitcoin sea una excepción.
Pero no son los únicos que pierden la perspectiva en este tema. Por su propia naturaleza fundacional, los bitcoins son lo más cercano al dinero en efectivo que se pueda usar en un entorno electrónico. Y de esta asunción, los Estados, que no entienden la tecnología y que atacan el síntoma pero no la causa, han empezado a aplicar medidas antiblanqueo a la única parte de la operativa que pueden controlar, el cambio de bitcoins a moneda fiduciaria y viceversa. Hay que reconocer que el hecho de que la criptomoneda haya sido usada durante un tiempo y de modo masivo para realizar operaciones ilegales o para huir de corralitos como el chipriota, no ha ayudado a ser vista con buenos ojos por los gobiernos e instituciones regulatorias internacionales. Así, abrir una cuenta en una casa de cambios on line como Coinbase para poder depositar moneda fiduciaria y cambiarla por bitcoins es uno de los procesos más tediosos por los que un ser humano pueda pasar, mucho más complejo que abrir una cuenta corriente en un banco convencional. Siguiendo esta estela, la Hacienda española considera los bitcoins como efectivo a los efectos de aplicar los límites legales de intercambio fijados en las normas antiblanqueo y de lucha contra la economía sumergida.
Bitcoin -como ha pasado con otros negocios de base tecnológica como Google o Facebook- y a pesar de las medidas mencionadas, debe su actual flexibilidad a la falta de regulación (o más exactamente, a la falta de entendimiento en torno a las regulaciones existentes y/o falta de voluntad para cumplir con ellas). Si Bitcoin se extendiese y dejase de ser un experimento, como todo apunta, la moneda y el negocio alrededor del mismo se regularían como cualquier otro.
La cuestión aquí es que se regularía de manera nacional pero, como ocurre con los servicios web de base estadounidense que ostentan el monopolio en el mercado, la regulación sería la de EEUU. Este escenario, que ya vivimos en materias tales como la protección de datos o los derechos de propiedad intelectual, tendría una consecuencia más grave si de todo el sistema monetario se tratase. Los Estados perderían su soberanía, pero no a favor de la comunidad, como los tecno-utópicos vaticinan.
Y no serían los únicos. La organización social no se transformaría de manera inmediata, pero sí parece que habría una sustitución de los operadores existentes: los banqueros de siempre, conocedores del negocio de prestar dinero y multiplicarlo por operadores de base tecnológica sin esos conocimientos pero, también, con toda la libertad de crear un nuevo entorno. De nuevo vemos cómo las tecnológicas irrumpen en negocios tradicionales que tal vez no hayan sabido hacer la necesaria reconversión, pero esta vez tocando el sistema circulatorio de la sociedad.
¿Estaremos otra vez y en poco tiempo ante un nuevo cambio de paradigma?
